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IMPUESTO DE SUCESIONES Y RESIDENTES NO COMUNITARIOS

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014, (asunto C-127/12),   consideró  no ajustada al ordenamiento comunitario la normativa española del impuesto de sucesiones y donaciones, por ser  contraria a los artículos 63 del TFUE y 40 del acuerdo sobre el espacio económico europeo de 2 de mayo de 1992, al permitir que  diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares sobre bienes inmuebles situados en territorio español o fuera de éste.

Con esta sentencia se eliminaba el régimen de tributación por obligación real tratándose de sucesiones entre causante residente en España y causahabiente residente comunitario y tratándose de  donaciones de inmuebles en España  a favor de donatarios residentes comunitarios,  de igual manera que se consideraba conforme con la normativa comunitaria la existencia de una pluralidad de regímenes fiscales dentro del Estado Español, en materia de sucesiones y donaciones.

A través de la Ley 26/2014, se modificó la disposición adicional segunda de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,  adecuando la normativa del Impuesto del impuesto de sucesiones a lo dispuesto en la  citada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014 (asunto C-127/12), y regulando  declaración liquidación de los contribuyentes que deban tributar a la Administración Tributaria del Estado.

El contenido de esa normativa la pueden consultar en esta entrada del blog, donde ya anticipábamos, que quedaba sin resolver la situación de los nacionales españoles, residentes en  un Estado no miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, y que terminaría siendo objeto de debate.

No nos podemos atribuir dotes de adivino, puesto que no hemos acertado ni con el Tribunal que ha resuelto la cuestión ni con  la causa de la resolución, pero el tema ha sido objeto de debate en forma mucho más amplia de que la anticipábamos en  la sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo contencioso (ROJ 550/2018) de 19 de febrero de 2018, que dará una nueva perspectiva a la tributación es España de las  sucesiones y donaciones, cuando estén interesados en las mismas, personas no residentes en España, y que no sean residentes en un país miembro de la Unión Europea ni que sea parte del Espacio Económico europeo.

La cuestión debatida en la sentencia  era la aplicabilidad al caso  de persona con residencia en Canadá que hereda bienes en España, de los efectos de la sentencia TSJUE de 3 de septiembre de 2014.

Y haciendo, como se dice algo de spoiler, anticipo que la sentencia, da la razón a quién presenta la reclamación y con ello tenemos que el Tribunal Supremo  deja patas arriba, todo el tema de la tributación por obligación real en el impuesto de sucesiones y donaciones.

LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA

La sentencia es muy prolija en argumentos y citas de otras sentencias del  Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y parte del criterio invocado por la recurrente y sostenido por el TJUE en sentencia de 17 de octubre de 2013, asunto C-181/12 , en la que se plantea cuestión prejudicial por un Tribunal alemán sobre la interpretación de los arts. 56 CE y 58 CE (actuales arts. 63 y 65 TFUE ), en el pleito suscitado por el causahabiente de una ciudadana suiza, ambos residentes en Suiza, en relación con la liquidación del impuesto de sucesiones relativo a un inmueble sito en Alemania.

Partiendo de esta consideración, señala la sentencia y cito literalmente que:

1.- «de reiterada jurisprudencia resulta que, en lo referente a las sucesiones, las medidas prohibidas por el artículo 56 CE , apartado 1, por constituir restricciones a los movimientos de capitales, incluyen las que provocan una disminución del valor de la herencia de un residente de un Estado distinto de aquel en cuyo territorio se sitúan los bienes afectados y que somete a tributación la adquisición por vía sucesoria de éstos.

2.- “(…), la normativa de un Estado miembro que hace depender la aplicación de una reducción de la base imponible de la sucesión o de la donación del lugar de residencia del causante y del causahabiente en el momento del fallecimiento, o del lugar de residencia del donante y del donatario en el momento de la donación, o también del lugar en el que está situado un bien inmueble objeto de sucesión o de donación, cuando da lugar a  que las sucesiones o las donaciones entre no residentes, o las que tienen por objeto bienes inmuebles situados  en otro Estado miembro, soporten una mayor carga fiscal que las sucesiones o las donaciones en las que sólo intervienen residentes o que sólo tienen por objeto bienes inmuebles situados en el Estado miembro de imposición, constituye una restricción de la libre circulación de capitales ».

3.- Que pueden plantearse circunstancias que justifiquen la existencia o mantenimiento de restricciones respecto de circulación de capitales, en particular respecto de terceros países, que deben ser objeto de una interpretación estricta.

Pero  que las inversiones inmobiliarias de carácter patrimonial, efectuadas con fines privativos sin relación con el ejercicio de una actividad económica (como es el caso de la herencias y donaciones), no están comprendidas en el ámbito de aplicación del referido art. 57, apartado 1.

LAS CONSECUENCIAS DE LA SENTENCIA.

Las consecuencias que se pueden extraer de la sentencia es que deja de ser aplicable, la directa sumisión a la ley 29/1987, en concreto  sus reducciones, tipo impositivo, coeficientes multiplicadores, deducciones y bonificaciones,  a las sucesiones entre causante residente en España y causahabiente residente no comunitario, a las  donaciones de inmuebles en España  en que estén interesadas personas residentes en países extracomunitarios y a la  adquisición de bienes muebles situados en España por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e «intervivos», por parte de contribuyentes no residentes, sean o no comunitarios.

Por ello, a partir de ahora, a las liquidaciones que realicen las personas no residentes en España, sean o no comunitarios, por los conceptos antes señalados,   en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, se podrá aplicar la normativa autonómica correspondiente, que resulte de los criterios que establece  la disposición adicional segunda de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En el caso de la Comunidad de Madrid la normativa propia es muy favorable si la comparamos con la normativa estatal, pudiendo ser las diferencias muy significativas. Y con ello, vuelvo a recordar que una de las causas de las reclamaciones formuladas y la judicialización de la materia, a mi entender, deriva del abandono por parte del Estado, de la normativa del impuesto de sucesiones que sigue anclada en el año 1996, frente a la enorme labor de las comunidades autónomas.

Y SI YA HE PAGADO,  ¿QUE PUEDO HACER?

Por otra parte, los residentes no comunitarios que hayan abonado el impuesto de sucesiones o donaciones,  en casos de las sucesiones con causante residente en España, de las  donaciones de inmuebles en España   y en los supuestos de  adquisición de bienes muebles situados en España por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e «intervivos», podrán exigir en base a esta sentencia la devolución de las cantidades ingresadas junto con los intereses correspondientes, en el plazo de cuatro años que señala el artículo 66 de la Ley General Tributaria,

Difícilmente será posible plantear, como es el caso de la sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo contencioso (ROJ 550/2018) de 19 de febrero de 2018, una acción de responsabilidad patrimonial frente al Estado  pues tiene un plazo de  un año (artículo 67  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) que se inicia, al dictarse la sentencia del Tribunal de Justicia de  Unión Europea  (3 de septiembre de 2014) , que es cuando expresamente se declara que la ley española ha vulnerado el derecho de la Unión.

En Leganés a uno de abril de dos mil dieciocho.

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